Que pasa Pereira? Por Daniel Rey
ASSE, corrupción y memoria selectiva
Fernando Pereira parece nervioso porque la nueva discusión sobre ASSE puede abrir una puerta incómoda: mirar no solo la gestión de Cipriani, sino también lo que ocurrió durante los gobiernos del Frente Amplio.
Y ahí la memoria falla.
Porque en 2017 la Comisión Investigadora sobre ASSE no nació de la derecha: fue impulsada por Eduardo Rubio, diputado de Unidad Popular. La denuncia hablaba de “apariencia de corrupción”, tercerizaciones, contratación de servicios privados, ambulancias, empresas vinculadas a jerarcas y la llamada estafa al Fonasa.
La Cámara aprobó la creación de la investigadora en agosto de 2017, bajo el título “Comisión Gestión ASSE y presunta estafa Fonasa”.
Tampoco fue menor: en febrero de 2018 Tabaré Vázquez aceptó la renuncia de los directores políticos de ASSE y designó a Marcos Carámbula como nuevo presidente del organismo.
Entonces, ¿por qué ahora molesta tanto que se mire hacia atrás?
La oposición blanca y colorada quiere investigar desde 2015 en adelante, incluyendo gestiones de Muñiz, Carámbula, Cipriani y Danza. El Frente Amplio, en cambio, pidió investigar la gestión 2020-2024, centrada en Cipriani. Pereira rechazó ir 15 años hacia atrás.
Ahí está el problema político: quieren denunciar la corrupción cuando la administra la derecha, pero se incomodan cuando aparece la posibilidad de revisar el mismo mecanismo bajo gobiernos progresistas.
Desde una izquierda consecuente hay que decirlo claro: ASSE no puede ser caja de negocios para nadie. Ni para blancos, ni para colorados, ni para frenteamplistas, ni para corporaciones médicas, ni para mutualistas privadas.
El fondo del asunto es más profundo: durante años se debilitó lo público, se tercerizó, se compró afuera, se contrató al privado y se naturalizó que la salud del pueblo fuera terreno de negocio. Ese modelo no es un error administrativo: es una orientación política.
Mientras los trabajadores esperan atención, mientras faltan especialistas, mientras se deterioran servicios, mientras el usuario común hace cola, algunos sectores privados facturan millones gracias al vaciamiento de la salud pública.
La verdadera izquierda no puede defender corporaciones. No puede tapar negociados. No puede justificar privilegios médicos ni gerenciales. No puede mirar para otro lado cuando el Estado termina subsidiando negocios privados con plata del pueblo.
Que se investigue todo.
Desde 2015, desde 2010, desde 2008 y desde donde sea necesario.
Porque si hay corrupción, hay que denunciarla.
Si hay estafa, hay que castigarla.
Si hay privatización encubierta, hay que frenarla.
Y si hubo complicidad política, hay que nombrarla.
La salud pública no se defiende con discursos.
Se defiende enfrentando a quienes la vacían.
Por una ASSE pública, fuerte, transparente, con control popular y al servicio del pueblo trabajador.
Contra la mafia de la salud.
Contra el negocio privado montado sobre la enfermedad.
Contra la política barata que se indigna solo cuando le conviene.
Salud pública para el pueblo, no caja registradora para los vivos de siempre.
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