Chile, en su laberinto político e histórico. Por Juan Carlos Gómez Leyton desde Chile

Juan Carlos Gómez Leyton

 Desaprobación del Gobierno pinochetista alcanza el 60 % de desaprobación ciudadana, según los más recientes sondeos de opinión.

La sociedad chilena a siete meses del primer año de Gobierno de la extrema derecha que preside José Antonio Kast y el Partido Republicano comienza a mostrar signos de un agotamiento prematuro. Este se expresa, por un lado, en el constante crecimiento de la desaprobación y descontento ciudadano de la gestión gubernamental, que según la última encuesta de Criteria, llega al 60 %; y por otro, en la masiva movilización de estudiantes universitarios, secundarios y funcionarios de la salud primaria como de profesores en protesta por los “recortes” de beneficios y de programas sociales de diferentes áreas en el presupuesto 2027, que inicia su discusión parlamentaria.

El descontento ciudadano que se expresa en las encuestas tiene múltiples raíces, entre ellas, la económica, relativas al alza de la bencina (gasolina), la cual se multiplica en todas las áreas del gasto cotidiano familiar, encareciendo el costo de la vida de manera abrumadora y angustiante. Situación que se ve a agravada por el millón de ciudadanos y ciudadanas que carecen de un empleo formal, regular y continuo en el tiempo.

Crítica situación social

El desempleo es un factor que incrementa a nivel popular, como es sabido, la mal nutrición infantil y adulta, o sea, el hambre; la pobreza material, el comercio informal (coleros y ambulantes urbanos), la violencia intrafamiliar, el alcoholismo y la drogadicción por desesperación y desamparo; la deserción escolar, la inserción de  niños, niñas y adolescentes como adultos en el crimen organizado y en el narcotráfico (soldados y micro traficantes) como también, el empleo informal que conlleva la sobreexplotación y  los bajos salarios entre las  y  los asalariados.

Entre los sectores medios el flagelo del desempleo incrementa el endeudamiento, la perdida de bienes patrimoniales, el subempleo informal (ingenieros transformados choferes Uber, por ejemplo, entre otros; el incremento de las enfermedades psíquicas, aumento del consumo de drogas y alcoholismo. En estos sectores también es posible observar el aumento de los delitos económicos, siendo los más comunes los robos y las estafas comerciales.

Al descontento económico y sus consecuencias sociales señaladas se suma la ineficiencia gubernamental para enfrentar y gestionar la cuestión de la seguridad pública. La derrota política experimentada por el Gobierno, al verse obligado a “modificar” el proyecto de reforma constitucional referido a implementar un quinto estado de excepción, lo dejó desnudo en una materia central de su proyecto gubernamental. Este se cayó fulminado por el fuego cruzada de opositores y sectores oficialistas.

La ciudadanía comprueba, una vez más, que el Gobierno de Kast es inoperante e incapaz de dar solución a una problemática compleja y multifactorial. En este punto, el fracaso del Gobierno es total, ello estaría explicando el 60 % de desaprobación ciudadana.

La movilización social del pasado 1 de octubre, convocada por la Confech, estudiantes universitarios, diversas organizaciones de estudiantes secundarios, el Colegio de Profesores de Chile, la Confusam, trabajadores de la salud primaria municipal, entre otros, congregó a una multitudinaria y ruidosa marcha que copó las arterias principales de la avenida Libertador Bernardo O’Higgns, la cual, a pesar de la autorización, fue interrumpida en varios puntos por las fuerzas del orden público, con el consiguiente enfrentamiento con los grupos más radicales de la marcha, una escena, por cierto, constantemente repetida que no vale la pena refreírse a ella, pues agota, fundamentalmente, por su inutilidad política. Lo más innovador en esta oportunidad fue la “contramanifestación” realizada por un grupo pequeño de estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile vinculados al movimiento Gremialista y Solidaridad, los cuales con indumentarias rojas (camisetas) a las afueras de la casa central de esta institución, gritaban consignas contrarias a la manifestación. Ante su presencia que constituía una violenta provocación política debieron reiterarse rápida y desesperadamente al interior de la casa de estudios, dada la contundente reacción de los y las manifestantes.

Por cierto, esta acción mereció una referencia de parte del Presidente, así como de las autoridades políticas del país y de los medios de comunicación, exigiendo la condena a la violencia política. Esta escena es, ampliamente, explotada y conocida. Las razones y motivaciones del porqué de la movilización política y social quedan en segundo o tercer plano.

Si bien, la marcha era contra los “recortes” que el Gobierno realizará en educación y salud y en otras dimensiones, fueron confirmados con la presentación del Presupuesto 2027.

La movilización social no logró convocar a otros sectores sociales, por ejemplo, a las y los trabajadores de las distintos sectores productivos, comercio, finanzas y minerías, entre otros. Su ausencia permanente es otra escena habitual, en este tipo de convocatoria. Difícilmente, se podría, convocar y proyectar en el futuro cercano a una “huelga general”.

El 60 % de desaprobación ciudadana que registra el Gobierno de Kast es un indicador engañoso, no porque sea falso sino, porque, fundamentalmente, su implicancia política es, relativamente, nula, de la misma manera que lo es la movilización social, es decir, el impacto político de ambas sobre el desenvolvimiento tanto del Prtesidente como del parlamento es, muy bajo. Los porcentajes de desaprobación que dan cuenta las encuestas no tienen fuerza política para bloquear o derrocar a un gobierno. La experiencia política, durante los Gobiernos de Sebastián Piñera (2018-2022) y de Gabriel Boric (2022-2026), así lo prueban. Solo la masiva movilización social, con conducción y dirección política unitaria, lo hace posible, como en Brasil, Ecuador, Argentina y Bolivia a comienzos del siglo XXI. Pero, actualmente, las movilizaciones sociales impulsadas por los progresismos y las izquierdas son escuálidas y no constituyen la manifestación política de un contrapoder sólido y contundente.

El problema central que afecta a los progresismos y a las izquierdas en las actuales sociedades del capitalismo neoliberal es, el avance incontenible de la extrema derecha. Ante el cual no existen actores políticos con poder estratégico ni con proyectos alternativos que puedan frenar ese avance. Por esa razón, la extrema derecha arrasa. Aunque, curiosamente, sus bases electorales, en algunos casos, son frágiles o débiles. Solo convergencia unitaria de esas minorías permite sus triunfos electorales como su mantención en el gobierno.

Por ello, el “no futuro” estará cubierto por una densa nube negra.

La crisis de la civilización capitalista se verá profundizada por la acción devastadora del neoliberalismo de las derechas extremas: de libertarios y nacionalistas, de todo tipo y colores. Esos gobiernos, las funciones sociales y económicas del Estado serán eliminadas o reducidas a su mínima expresión, la desprotección social, económica, laboral y educativa de las clases trabajadoras será la norma ante la exigencia de los sectores empresariales de reducir los costos de la mano de obra, el incremento de la destrucción del medio ambiente y la sobre explotación de los recursos naturales en los países dominados por el imperio, entre otras formas de devastación capitalista a destajo y, sin ningún límite, pues, el poder del capital, será o es total y lo administrará, la extrema derecha global.

El poder capitalista de la extrema derecha global se sostiene y se estructura en el control de seis poderosos monopolios que le permiten desplegarse a nivel planetario y dominar espacios regionales distantes de su centro de operaciones. Estos monopolios son (a) el de las armas de destrucción masiva, armas nucleares, (b) el monopolio sobre le extracción de recursos naturales (petróleo, cobre, litio, agua, tierras raras, entre otros); (c) el del control de los medios de comunicación y de información; (d) el del control de los mercados financieros mundiales, (e) el monopolio tecnológico, que le permite construir, fabricar y diseñar las maquinas e instrumentos altamente tecnificados para ejercer de mejor forma su dominio. Y, por último, el más reciente, (f) el monopolo de la Inteligencia Artificial (IA).

Con sus diversas plataformas todas ellas producidas y controladas por grandes corporaciones localizadas en el imperio, las cuales generan “saberes” artificiales, manipulados y construidos de acuerdo con los intereses de quienes fabrican dichas plataformas. Los saberes tradicionales (académicos y populares) están siendo destruidos o reemplazados por la IA.

Ahora bien, los progresismos y las izquierdas no poseen ninguna injerencia sobre alguno de esos seis poderes monopólicos. En las recientes elecciones de Bolivia, Chile y Brasil, la acción del imperio, Estados Unidos de Norteamérica bajo la conducción de Donald Trump, esos poderes actuaron sin ninguna contención, tres de ellos accionaron en favor de los candidatos de la derecha como de la extrema derecha. Dos ellos se hicieron presente inmediatamente una vez, asumido los candidatos triunfadores en Bolivia como en Chile como lo harán de resultar electo Flávio Bolsonaro, en Brasil en la segunda vuelta presidencial, el 25 de octubre próximo. El Escudo de las Américas, es la expresión de ese poder global.

En Chile, la presencia del poder capitalista global no se explica solo por el actual Gobierno ni por las intervenciones del embajador estadounidense Brandon Judd, sino que su activa “presencia” tiene aproximadamente medio siglo.

Injerencismo de Washington

En todos los hitos políticos principales de la historia de Chile, en los últimos 50 años, EE.UU. ha tenido un rol central y fundamental: derrocamiento del Gobierno de Salvador Allende, 1973; derrota del dictador en el plebiscito de 1988 y ordenamiento político de la transición a la democracia, Consenso de Washington, 1989, entre otros.

Estos tres hitos de la acción política de Washington en Chile ordenaron el proceso político iniciado en 1990 de consolidación y profundización de la sociedad neoliberal por parte de la acción de los gobiernos posautoritarios (1990-2026).

Por lo tanto, la actual complacencia del Gobierno de Kast con el imperio sigue una larga tradición histórica entre las derechas como la extrema derecha y la centro izquierda. Aunque, el máximo referente histórico de la derecha, según algunos analistas, Diego Portales, haya advirtió sobre la Doctrina Monroe de 1823, actualizada y revitalizada por Trump, como Donroe.

La adhesión del Gobierno de Kast al Escudo de las Américas da cuenta de que este no es un gobierno nacionalista ni defensor de la soberanía nacional como fuera la advertencia de Portales, sino una administración que pone al país al servicio de los poderes globales del imperio.

El 30 % de aprobación que posee el Gobierno constituye un inestable y frágil “ruco” en donde podría guarecerse de las inclemencias políticas y sociales por los próximos tres años y medio que le restan a Kast.

De la misma manera que, el 30 % hizo posible el Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026). Incluso, ese porcentaje, podría disminuir y, el presidente. Kast y el Partido Republicano seguirían gobernando y aplicando su infame proyecto antipopular de “recortes”, sin mayores problemas ni obstrucciones políticas y sociales. Tal vez, la única preocupación será cómo su sector político pueda proyectarse para ganar la próxima elección presidencial.

Ante ese panorama las izquierdas están en un laberinto político que, por cierto, tiene una salida, pero, aun no dan con ella. Recorre los mismos caminos de siempre y obtiene resultados negativos. Sabe cómo operan los poderes globales, pero no sabe cómo enfrentarlos y combatirlos. Ve la acción de ellos, por ejemplo, en las elecciones presidenciales de Colombia, donde ganó el candidato del imperio, Abelardo Gabriel de la Espriella Otero; en Brasil, la resistencia a dicha acción por parte de los sectores progresistas y de izquierdas fueron escasas, débiles o nulas. Hay que esperar que se haga algo efectivo de aquí al 25 de octubre, para impedir que gane la segunda vuelta, la extrema derecha brasilera.

Las segundas vueltas electorales fueron establecidas en la mayoría de la democracias transitivas latinoamericanas, es decir, de acuerdo a las recomendaciones y lineamientos de la Teoría de la Transición a la Democracia, elaborada y diseñada por el saber académico estadounidense, con el objeto de (1) evitar que las izquierdas ganarán torneos presidenciales con bajas votaciones, en competencias electorales con dos o más competidores; (2) dotar a las nuevas democracias de gobernabilidad; (3) generar gobiernos con mayoría política; y (4) establecer una relación de equilibrio, equitativa y de cooperación entre los poderes legislativos y ejecutivos.  Estas condiciones fueron efectivas, fundamentalmente, en los primeros años de la democracia chilena posautoritaria.

Sin embargo, cuando el sistema político se abrió a través del fin de sistema binominal y el sistema proporcional, la democracia electoral se volvió más competitiva, pero, al mismo tiempo, fragmentada al multiplicarse los partidos políticos, generando, un mayor número de candidatos a la Presidencia, haciendo que las segundas vueltas presidenciales, se realizarán entre candidatos con apoyos electorales que no sobrepasan el 30 % del voto ciudadano.

Gobiernos de minorías políticas

En las elecciones presidenciales de 2021 y la 2025, los mandatarios electos en segunda vuelta obtuvieron menos del 30 % de los votos: Gabriel Boric, 25,83 % y José Antonio Kast, 23,93 %, respectivamente. Estas adhesiones nos señalan que Boric gobernó durante cuatro años con el apoyo de su base electoral incondicional o dura, la cual le ayudó a concluir su Gobierno, pero no para poder ganar la siguiente elección presidencial.

La misma ruta podrá seguir Kast y el Partido Republicano en los próximos años refugiado en su “ruco” del 30 % de apoyo ciudadano. Esto implica que las actuales democracias son gobernadas por minorías políticas y sociales. Y, sobre todo, las mayorías ciudadanías no tienen ningún mecanismo político institucional para revertir dicha situación. Se requiere con urgencia una reforma política integral a la democracia.

De esa forma el laberinto político chileno se estrecha y, tal vez, el único camino que queda es esperar que la tensión política que se va a ir acumulando en su interior explosione, destruyendo todo. Pero, para esta explosión destructiva sea útil, se debe tener muy en claro qué se requiere construir en su reemplazo, sobre todo, cómo se quiere construir el nuevo edificio institucional y quiénes serían las y los nuevos sujetos y actores que van a intervenir en el proceso de levantar, la nueva alternativa política, económica y social.

En este punto, se entra en otro laberinto en donde están encerradas las izquierdas desde 1973 y 1990.