Cambiar lo que debe ser cambiado: la educación no puede renovarse con las mismas recetas. Por Profesor Daniel Rey desde Uruguay

Prof. Daniel Rey

Hay una idea de Fidel Castro que conserva una enorme potencia política: revolución también significa cambiar todo lo que debe ser cambiado. Llevada al terreno de la educación pública uruguaya, obliga a formular una pregunta: ¿es posible construir una transformación verdadera recorriendo una y otra vez los mismos caminos y recurriendo permanentemente a quienes ya participaron de las decisiones que nos trajeron hasta aquí?

La pregunta adquiere actualidad cuando comienzan a aparecer nombres y movimientos de cara a la representación de los trabajadores de la educación en el CODICEN.

No se trata de cuestionar personas por el simple hecho de haber ocupado responsabilidades anteriormente. La experiencia puede ser valiosa. El problema aparece cuando la experiencia pretende transformarse en credencial suficiente y desaparece la evaluación política de lo realizado.

Porque también hay que recordar.

Durante décadas la educación uruguaya ha transitado reformas, planes, reformulaciones y nuevas transformaciones que muchas veces comenzaron anunciando que solucionarían los problemas heredados y terminaron siendo sustituidas por una nueva propuesta que debía corregir las insuficiencias de la anterior. Cambian los nombres de los planes, las siglas, los documentos y los discursos. Sin embargo, demasiadas veces permanecen las mismas concepciones y hasta los mismos protagonistas.

Muchos de quienes hoy pueden presentarse como alternativa ya estuvieron, directa o indirectamente, cerca de los lugares donde se decidía. En los antiguos Consejos desconcentrados, en el propio CODICEN, en equipos de consejeros, en ámbitos técnicos, sindicales o de representación.

Eso no los invalida automáticamente. Pero sí les genera una obligación política: rendir cuentas sobre lo que hicieron cuando estuvieron allí.

No podemos analizar la crisis educativa separándola del modelo de sociedad construido durante las últimas décadas. La educación fue incorporando progresivamente un lenguaje proveniente del mundo empresarial: competencias, resultados, indicadores, empleabilidad, eficiencia, emprendedurismo. Conceptos que pueden tener utilidad instrumental, pero que se vuelven profundamente problemáticos cuando terminan desplazando preguntas esenciales: ¿qué ciudadano queremos formar?, ¿para qué sociedad?, ¿para qué modelo productivo?, ¿con qué concepción del trabajo y de la soberanía?

Mientras discutíamos sucesivos cambios curriculares, una parte importante de nuestros jóvenes fue perdiendo la expectativa de que estudiar pudiera transformar materialmente su vida.

Y ese debería ser uno de los mayores llamados de atención.

Cuando para determinados gurises la economía informal, la precariedad o incluso los circuitos ilegales aparecen como horizontes más inmediatos que varios años de formación, no estamos solamente frente a un problema educativo. Estamos frente a una fractura social que interpela al Estado, al sistema político y también a quienes hemos tenido responsabilidades dentro de la educación.

Por eso tampoco alcanza con oponerse a la última transformación educativa.

La derecha ha impulsado una concepción de la educación crecientemente vinculada a las necesidades del mercado y del capital. Pero sería demasiado sencillo explicar toda la situación actual exclusivamente por las políticas de los últimos años. Muchas de esas concepciones encontraron terreno preparado durante décadas anteriores, incluso bajo gobiernos que se definieron progresistas.

Si verdaderamente queremos cambiar la educación, no podemos continuar modificando estructuras mientras conservamos intacta la lógica que las gobierna.

Y tampoco podemos pretender construir algo diferente recurriendo automáticamente a las mismas figuras que participaron durante años de esa trayectoria.

Las próximas elecciones de representantes deberían ser, entonces, mucho más que una disputa entre listas o estructuras sindicales.

Quienes aspiren a representar a los trabajadores en el CODICEN deberían explicar públicamente qué educación defienden, qué hicieron anteriormente, qué decisiones acompañaron, cuáles enfrentaron y qué cambiarían hoy.

También deberíamos discutir seriamente la formación de quienes pretenden asumir semejante responsabilidad. La experiencia sindical importa. La participación en ATD importa. Los años frente a estudiantes importan enormemente. Pero dirigir políticamente la educación pública exige además conocimiento pedagógico, formación docente y capacidad académica para comprender la enorme complejidad del sistema educativo.

Los trabajadores de Primaria, Secundaria, UTU y Formación en Educación tenemos, por tanto, una responsabilidad que trasciende cualquier elección.

No alcanza con preguntarnos quién debe llegar al CODICEN.

Tenemos que preguntarnos para qué debe llegar.

¿Para administrar mejor lo existente?

¿Para corregir nuevamente el último plan?

¿Para colocar otro parche sobre el parche anterior?

¿O para comenzar a discutir una educación pública vinculada a un proyecto soberano de país, capaz de formar integralmente ciudadanos y trabajadores, desarrollar pensamiento crítico, democratizar el conocimiento y recuperar la educación como herramienta de transformación social?

Cambiar nombres sin cambiar concepciones no es transformar.

Cambiar programas mientras permanece intacto el rumbo tampoco.

Y sustituir autoridades para continuar transitando el mismo camino solamente posterga la discusión que Uruguay necesita darse.

Si realmente queremos cambiar la educación, habrá que tener el coraje de cambiar todo lo que deba ser cambiado. Incluso aquello —y aquellos— que durante demasiado tiempo consideramos intocables.