CUANDO EL PROGRESISMO PIERDE EL NORTE, LA DERECHA LE MARCA EL CAMINO. Por Prof. Daniel Rey desde Uruguay
 |
| Profesor Daniel Rey |
Resulta preocupante que un gobierno que se define progresista reciba con tanta naturalidad a uno de los principales representantes del modelo de Nayib Bukele, cuya política de seguridad ha sido objeto de graves denuncias internacionales por detenciones arbitrarias, torturas y vulneraciones sistemáticas del debido proceso.
La reducción de los homicidios puede ser un resultado importante, pero jamás debería justificar que miles de personas sean encarceladas sin las garantías judiciales correspondientes.
Primero se encarcela, después se investiga y, eventualmente, se demuestra la inocencia. Esa inversión de los principios elementales de justicia constituye una amenaza para cualquier sociedad democrática.
Pero hay algo todavía más inquietante: las contradicciones del propio gobierno uruguayo.
El presidente Yamandú Orsi presentó oportunamente a Bukele como un ejemplo para analizar, para posteriormente aclarar que su modelo resultaba inaceptable para Uruguay. Ahora, tras la visita de Ulloa, el vicepresidente salvadoreño afirma que no se habló de seguridad, mientras que el canciller Mario Lubetkin reconoce que el asunto estuvo presente en los intercambios.
¿Cuál es, entonces, la orientación política del gobierno? ¿Qué proyecto de seguridad pretende construir? ¿Dónde quedó la perspectiva progresista que coloca los derechos humanos y la justicia social en el centro de sus políticas?
La sensación es que se ha perdido la brújula ideológica. Y cuando un gobierno pierde su horizonte político, termina buscando referencias en experiencias que contradicen los principios que históricamente decía defender.
Porque combatir la delincuencia no puede reducirse a construir megacárceles, militarizar territorios o multiplicar encarcelamientos.
¿Por qué no discutir con la misma intensidad el levantamiento del secreto bancario, con las debidas garantías judiciales, para perseguir el dinero del narcotráfico? ¿Por qué no enfrentar decididamente las estructuras económicas que permiten el lavado de activos y el enriquecimiento del crimen organizado?
La delincuencia también debe combatirse mediante políticas sociales estructurales: vivienda digna, educación pública fortalecida, trabajo estable, salarios suficientes y oportunidades reales para quienes han sido históricamente excluidos.
Por supuesto que debe existir una actuación policial y judicial firme frente al delito. Pero una política de seguridad democrática no puede limitarse a administrar las consecuencias de una sociedad profundamente desigual.
Y existe otra dimensión que no podemos ignorar.
La estrecha alianza política entre Donald Trump y Nayib Bukele constituye un antecedente concreto para analizar la expansión regional de estas políticas. Estados Unidos llegó a financiar el encarcelamiento de personas deportadas en prisiones salvadoreñas, en medio de fuertes controversias sobre el respeto a sus derechos fundamentales.
No está demostrado que la visita de Ulloa responda a una operación organizada por Trump. Sin embargo, sería políticamente ingenuo desconocer que la circulación internacional de estos modelos de seguridad forma parte de una disputa mucho más amplia sobre democracia, soberanía, derechos humanos y poder en América Latina.
La pregunta que corresponde formular al gobierno de Orsi es hasta dónde está dispuesto a abrir espacios de legitimación política a estas experiencias y qué límites democráticos está dispuesto a defender.
Resulta especialmente contradictorio que un gobierno progresista, surgido de una tradición histórica de luchas sociales, parezca encontrar mayor disposición para intercambiar experiencias de seguridad punitiva que para impulsar transformaciones profundas sobre las causas económicas y sociales de la violencia.
No alcanza con declararse de izquierda. No alcanza con invocar a los trabajadores, hablar de igualdad o reivindicar la historia de las luchas populares.
El progresismo se demuestra en las decisiones políticas, no en los discursos ni en las etiquetas partidarias.
Uruguay necesita una política de seguridad propia, soberana y profundamente democrática, que enfrente tanto al delincuente como a quienes financian y se enriquecen con las grandes estructuras criminales.
Una política que construya derechos y oportunidades, que no renuncie a las garantías constitucionales y que se anime a enfrentar los intereses económicos que sostienen buena parte del crimen organizado.
Cuando la izquierda abandona su proyecto transformador y comienza a buscar respuestas en los modelos autoritarios de la derecha, el problema ya no es solamente la seguridad. El problema es la pérdida de identidad política y de horizonte histórico.
Y esa pérdida también tiene consecuencias para la democracia.
Comentarios
Publicar un comentario