¿Coordinación institucional o control de la palabra? Por Daniel Rey

Daniel Rey

El reciente comunicado de la ANEP, que establece que toda solicitud de prensa dirigida a escuelas, inspectores y colectivos docentes deberá canalizarse previamente a través del Departamento de Comunicación Social, genera una profunda preocupación desde una perspectiva democrática y de defensa de la educación pública.

Bajo el argumento de "coordinar" y "orientar" las comunicaciones institucionales, la medida instala un filtro político-administrativo entre los trabajadores de la educación y la sociedad. En los hechos, supone limitar la posibilidad de que docentes, directores, inspectores y colectivos educativos expresen libremente las realidades que viven cotidianamente en los centros de enseñanza.

Cuando una administración necesita centralizar la palabra y controlar quién habla, cuándo habla y qué puede decir, el problema no suele estar en quienes comunican, sino en aquello que se intenta ocultar.

La educación uruguaya atraviesa dificultades que son conocidas por quienes trabajan todos los días en las aulas: falta de recursos, sobrecarga laboral, problemas de convivencia, insuficiencia de equipos multidisciplinarios, grupos superpoblados, dificultades de aprendizaje y una creciente distancia entre los discursos oficiales y la realidad concreta de los centros educativos. Estas situaciones no fueron inventadas por la prensa ni por los trabajadores; existen y forman parte de la vida cotidiana de miles de estudiantes y docentes.

Sin embargo, este comunicado parece partir de una lógica preocupante: considerar que el problema no son las políticas aplicadas, sino quienes las denuncian públicamente.

Se instala así una visión donde la prensa pasa a ser vista como un factor de riesgo para la administración y donde los trabajadores aparecen como potenciales generadores de críticas que deben ser administradas y controladas. En lugar de atender las causas del malestar, se intenta regular los canales por los cuales ese malestar se hace visible.

Desde una perspectiva democrática y de izquierda, la crítica no es una amenaza: es una herramienta imprescindible para mejorar las instituciones públicas. La educación pública se construye con participación, debate y libertad de expresión, no mediante mecanismos que puedan interpretarse como formas de disciplinamiento comunicacional.

Resulta paradójico que un gobierno que se reivindica progresista impulse medidas que recuerdan prácticas burocráticas donde la voz de los trabajadores debe pasar previamente por los despachos de comunicación institucional antes de llegar a la ciudadanía.

La libertad de expresión de los trabajadores de la educación no es una concesión de la administración de turno. Es un derecho democrático fundamental. Y la sociedad tiene derecho a conocer de primera mano lo que sucede en sus escuelas, liceos y centros educativos.

Cuando se intenta monopolizar el relato institucional, lo que está en juego no es solamente la comunicación: está en juego la transparencia.

La educación pública necesita más voces, más participación y más debate. Nunca menos.

Cuando la realidad comienza a incomodar al poder, el silencio nunca es la solución. La solución es escuchar a quienes sostienen todos los días la educación pública con su trabajo.