NARCOTRÁFICO Y POLÍTICA: CUANDO EL PROBLEMA DEJA DE SER UN NOMBRE Y COMIENZA A SER EL SISTEMA. Por Profesor Daniel Rey desde Uruguay

Profesor Daniel Rey
El caso de Martín Mutio y sus vínculos con dirigentes del MPP, así como el reciente caso de Pablo Leiva, asesor de un edil del Partido Nacional condenado por lavado de activos, nos obligan a discutir algo bastante más profundo que las responsabilidades individuales.

En un caso encontramos a un empresario que accedía a despachos parlamentarios, mantenía reuniones con legisladores y agradecía públicamente el respaldo recibido para sus emprendimientos. En el otro, a una persona condenada por lavado de activos que ocupaba un cargo remunerado dentro de una estructura política, mientras se investigan operaciones económicas realizadas en un comercio perteneciente a la esposa de un importante dirigente nacionalista.

Las circunstancias son diferentes y las responsabilidades penales deben establecerse individualmente. Pero ambos episodios dejan planteada una pregunta sobre la relación entre el poder político y el poder económico.

¿Hasta qué punto las estructuras partidarias son permeables a quienes disponen de dinero, contactos empresariales y capacidad de inversión, sin importar demasiado de dónde provienen esos recursos?

El Partido Nacional y el Frente Amplio han construido buena parte de sus propuestas de desarrollo alrededor de la captación de inversiones, la promoción de emprendimientos privados y la articulación entre el Estado y los grandes capitales. Es legítimo preguntarse qué sucede cuando esas relaciones se desarrollan sin controles suficientes, sin transparencia y sin una clara separación entre los intereses públicos y los negocios particulares.

El narcotráfico no necesita únicamente transportar y vender drogas. También necesita introducir sus ganancias en la economía legal, construir relaciones, adquirir respetabilidad y encontrar espacios donde su dinero pueda circular sin despertar sospechas.

Por eso, el problema político no termina con la condena de un narcotraficante ni con el comunicado de un partido que asegura desconocer sus actividades.

La discusión debe alcanzar a los mecanismos de financiamiento político, las contrataciones, las gestiones empresariales, los vínculos personales y los controles sobre quienes acceden a las instituciones.

No alcanza con que cada sector señale las contradicciones del adversario mientras presenta las propias como simples errores de confianza.

Tampoco alcanza con defender la honestidad individual de un dirigente cuando lo que corresponde examinar son los procedimientos de las organizaciones a las que pertenece.

El problema de fondo es qué condiciones ofrece nuestro sistema político para que el dinero de origen ilícito pueda intentar acercarse al poder, establecer relaciones y obtener legitimidad.

Una democracia no puede limitarse a perseguir al narcotraficante cuando la droga aparece. También debe investigar sus relaciones económicas e institucionales, cualquiera sea el partido involucrado.

Porque mientras la discusión pública se reduzca a determinar si el narcotraficante era blanco o frenteamplista, seguirá sin responderse la pregunta verdaderamente importante:

¿Qué características de nuestro modelo político y económico permiten que personas vinculadas al narcotráfico encuentren puertas abiertas en las estructuras del poder? Y ¿Estamos dispuestos a investigar esas relaciones con la misma profundidad cuando comprometen a nuestros propios dirigentes y no solamente a los del partido contrario? 

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