Por que defino mi apoyo al Maestro Marcos Ezequiel Correa? Lista 30 al CODICEN. Por Profesor Daniel Rey desde Uruguay

Profesor Daniel Rey
La educación pública no puede quedar subordinada a intereses sectoriales ni a disputas por espacios de poder.
Su razón de ser es mucho más profunda: garantizar el derecho al conocimiento, promover la emancipación de las personas y contribuir a la construcción de una República soberana, consciente y capaz de decidir sobre su propio destino.
Desde mi condición de trabajador de la educación, entiendo que su defensa exige algo más que declaraciones de principios.
Exige compromiso cotidiano, responsabilidad institucional, honestidad intelectual y, fundamentalmente, la participación efectiva de quienes sostienen el sistema educativo desde sus aulas, talleres y centros de estudio.
No concibo una educación pública verdaderamente democrática si sus trabajadores y estudiantes son considerados únicamente destinatarios de decisiones tomadas en otros ámbitos.
La participación no puede reducirse a una instancia de consulta, ni la representación a una formalidad administrativa.
Debe constituir una práctica permanente de construcción colectiva, donde la experiencia del territorio, el conocimiento pedagógico y las necesidades reales de las comunidades educativas encuentren espacios de expresión y capacidad de incidencia.
Lo académico, lo pedagógico y el interés colectivo deben prevalecer sobre cualquier interés particular, porque cuando la educación pierde su autonomía intelectual, corre el riesgo de convertirse en instrumento de aquello que precisamente debería contribuir a transformar.
Los problemas de la Educación Media Básica y Superior no se resuelven mediante acuerdos circunstanciales, respaldos formales o intervenciones mediáticas. Requieren planificación, continuidad, conocimiento de las realidades institucionales y decisiones construidas con quienes enfrentan diariamente los desafíos de enseñar, aprender y gestionar.
Es en las instituciones donde se manifiestan las dificultades, pero también donde se construyen buena parte de las soluciones.
Allí se encuentran los saberes que surgen de la práctica, las experiencias que permiten comprender los problemas y las posibilidades reales de transformación.
Desconocer ese conocimiento significa renunciar a una de las fuentes más valiosas para mejorar nuestro sistema educativo.
Esto no supone desconocer que podemos equivocarnos. La educación, como toda construcción humana, está atravesada por tensiones, contradicciones y errores. Pero una concepción verdaderamente pedagógica de la gestión exige reconocerlos, asumir responsabilidades y transformarlos en oportunidades de aprendizaje institucional.
La fortaleza de una comunidad educativa no reside en la ausencia de errores, sino en su capacidad colectiva para reconocerlos, corregirlos y superarse. No existe transformación posible sin pensamiento crítico, como tampoco existe una construcción democrática genuina cuando las diferencias se interpretan como amenazas y no como oportunidades para enriquecer las decisiones.
Hay una convicción que atraviesa mi trayectoria como educador y que considero fundamental recuperar en el debate educativo nacional: la educación no constituye un gasto del Estado, sino la inversión estratégica más importante que puede realizar una República para garantizar su independencia, su desarrollo y la libertad de sus ciudadanos.
Una sociedad que no produce conocimiento propio termina dependiendo de quienes lo producen.
Una economía que no desarrolla capacidades científicas y tecnológicas queda limitada a reproducir modelos productivos diseñados por otros.
Y un país que no invierte en la formación integral de su población compromete progresivamente su capacidad de decidir sobre sus recursos, su trabajo y su futuro.
Por eso, entiendo la educación técnica y tecnológica como una herramienta fundamental de transformación social y desarrollo nacional.
No podemos conformarnos con formar trabajadores para ocupar los puestos disponibles en una estructura productiva que otros determinan. Debemos formar personas capaces de comprender los procesos productivos, investigar, innovar, desarrollar tecnología, agregar valor a nuestros recursos y construir nuevas posibilidades de desarrollo. La formación para el trabajo no puede limitarse al aprendizaje de una ocupación; debe integrar conocimiento científico, pensamiento crítico, cultura tecnológica, creatividad y conciencia social.
Un estudiante de educación técnica no debe aprender únicamente a utilizar una máquina, ejecutar un procedimiento o aplicar una tecnología. Debe comprender sus fundamentos, cuestionar sus límites y desarrollar la capacidad de transformarla. Allí reside, a mi entender, la verdadera dimensión emancipadora de la educación técnica.
Pedro Figari sintetizó esta concepción de desarrollo nacional en una expresión que conserva una extraordinaria vigencia: «O nos industrializamos, o nos industrializan». No se trata simplemente de una afirmación sobre la industria, sino de una concepción sobre la autonomía de los pueblos, sobre la capacidad de transformar sus propios recursos y sobre el lugar que debe ocupar el conocimiento en la construcción de un proyecto nacional. 
La soberanía también se construye en un laboratorio, en un taller, en un aula de informática, en una investigación científica y en cada experiencia educativa que permite a nuestros estudiantes comprender y transformar la realidad. Un país que exporta sus recursos sin desarrollar las capacidades necesarias para transformarlos, que incorpora tecnologías sin producir conocimiento sobre ellas y que forma trabajadores sin ofrecerles posibilidades de creación e innovación, limita sus propias oportunidades de desarrollo.
En ese horizonte reconozco el legado pedagógico de Jesualdo Sosa, Julio Castro, Pedro Figari y Paulo Freire. Referentes que, desde distintas perspectivas, nos invitan a comprender la educación como una práctica profundamente humana, vinculada a la realidad social y orientada al desarrollo de sujetos capaces de pensar por sí mismos. Una educación que no se limite a reproducir conocimientos, sino que enseñe a construirlos; que no naturalice las desigualdades, sino que permita comprenderlas; que no forme únicamente para adaptarse al mundo existente, sino que brinde herramientas para transformarlo.
La educación pública debe dialogar con el mundo del trabajo sin subordinarse a sus demandas inmediatas, contribuir al desarrollo productivo sin renunciar a la formación humanista y preparar para el futuro sin desconocer las necesidades del presente.
Desde esta misma concepción entiendo también el ejercicio de la representación de los trabajadores. En mi experiencia como docente y director de una institución educativa, he tenido la oportunidad de recibir a diferentes autoridades y consejeros. En muchas ocasiones, las visitas finalizaban con una tarjeta personal y la indicación de comunicarse posteriormente con algún integrante de su secretaría. Con la maestra Daysi Iglesias mi experiencia fue distinta. Nunca necesité recurrir a intermediarios para trasladarle una preocupación institucional.
Ella misma respondió llamadas, mensajes y planteos que surgían de las realidades cotidianas de nuestros centros educativos. Muchos de esos problemas encontraron respuesta y solución, y quienes participaron de aquellas situaciones conocen el valor de esa disposición.
Desde esa misma concepción, reconozco en el maestro Marcos Correa una disposición al trabajo, al diálogo y al abordaje de las dificultades que atraviesa nuestro sistema educativo. Mi experiencia me ha enseñado que la cercanía con las instituciones, la capacidad de escuchar y la voluntad de construir respuestas son condiciones fundamentales para que la representación conserve su sentido democrático. Porque detrás de cada planteo institucional existen trabajadores, estudiantes y comunidades cuyas realidades no pueden quedar reducidas a un expediente, una estadística o una intervención circunstancial.
Esa es la educación en la que creo. Esa es la educación por la que trabajo. Una educación pública que no forme para la dependencia, sino para la autonomía; que no enseñe solamente a trabajar, sino también a pensar, crear y transformar; que no prepare ciudadanos para aceptar el futuro que otros decidan, sino para construir soberanamente el suyo.
Porque, en definitiva, la emancipación de un pueblo comienza cuando adquiere la capacidad de producir su propio conocimiento y la libertad de decidir qué hacer con él. Y si la educación tiene un compromiso irrenunciable con la República, es precisamente ese: formar generaciones capaces de comprender el mundo, cuestionarlo y transformarlo, sin renunciar jamás a su dignidad, a su libertad ni a su soberanía.

Daniel Rey Lazzarini
Trabajador de la educación pública.

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